Con 57 votos a favor (de 60), la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la trigésima novena prórroga del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las pandillas. Desde su entrada en vigor, las autoridades reportan 86,400 personas detenidas.
La nueva extensión estará vigente del 5 de junio al 4 de julio de 2025, sumando así más de dos años consecutivos bajo esta medida excepcional. En la sesión plenaria, votaron a favor 54 diputados de Nuevas Ideas, 2 del Partido de Concertación Nacional (PCN) y 1 del Partido Demócrata Cristiano (PDC). La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, se pronunció en contra, mientras que los legisladores de ARENA no estuvieron presentes.
El decreto argumenta que la amenaza de las pandillas continúa siendo compleja y estructurada, por lo que se justifica la necesidad de herramientas extraordinarias para su erradicación total. Entre los hechos destacados por el gobierno durante mayo de 2025 figura la captura de un líder fundador de la MS-13 en Texas, arrestado en Sonsonate, y la detención de cinco miembros de esa misma estructura en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Durante la discusión legislativa, la diputada Evelyn Merlos, de la bancada oficialista, intervino para recordar a la ciudadanía qué derechos continúan suspendidos bajo el régimen: el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención provisional y la inviolabilidad de la correspondencia. Subrayó que la base legal de esta medida se encuentra en el artículo 30 de la Constitución, que permite prórrogas por periodos de 30 días.
“Si no aprobamos el régimen de excepción, volveríamos a vivir en la zozobra que teníamos antes de marzo de 2022”, advirtió Merlos, defendiendo la continuidad de la política de seguridad del Ejecutivo.
A pesar de los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales por posibles violaciones a derechos humanos, el gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene su narrativa de éxito en la lucha contra las pandillas, mientras continúa acumulando respaldo legislativo para sostener el régimen.
Con el régimen de excepción, que restringe algunas garantías constitucionales, el gobierno ha apresado a más de 86,000 presuntos pandilleros.