El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, concluyó el jueves la ronda de entrevistas a los seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, avanzando así hacia la fase final del proceso de selección.
Los últimos aspirantes en ser evaluados fueron Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quienes presentaron sus propuestas ante el mandatario.
“Con esto, damos paso a la siguiente etapa del proceso, a la espera de que se cumplan los plazos establecidos por ley para la presentación de impugnaciones”, afirmó Arévalo en la red social X.
Durante las entrevistas, el presidente estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Rivera Clavería calificó el encuentro como positivo y destacó la apertura del Ejecutivo. “Es una entrevista muy positiva. Agradezco la invitación del Presidente, porque se ve que él está interesado en que los cambios en el Ministerio Público se produzcan en beneficio del país”, expresó.
Por su parte, De León Ramírez indicó que expuso un plan de trabajo basado en siete ejes. “Hablamos del plan de trabajo, este incluye siete ejes principales para beneficio de la población. Se habló de trabajo y todo fue muy bien. El reto es hacer mejor las cosas”, señaló.
La nómina de aspirantes fue definida por la Comisión de Postulación e incluye también a Gabriel Estuardo García Luna, Beyla Adaly Estrada, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Tras completar esta fase, Arévalo deberá elegir al nuevo fiscal general, cuya designación podría anunciarse en los próximos días o semanas, dentro del plazo constitucional.
El funcionario que resulte electo ejercerá un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 16 de mayo de 2030.
Entre los requisitos para el cargo se establece ser abogado colegiado y cumplir con las mismas condiciones exigidas a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El proceso de selección se desarrolla en un contexto clave para el sistema judicial guatemalteco, con expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público dirigida hasta ahora por la cuestionada fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea como “actor corrupto y antidemocrático”.