Un juez federal de Estados Unidos propinó un nuevo golpe a la política migratoria del presidente Donald Trump al ordenar, en términos enérgicos, que su administración admita de inmediato a cerca de 12,000 refugiados cuyos viajes habían sido cancelados a raíz de la prohibición impuesta tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
En una resolución emitida el lunes 5 de mayo en el caso Pacito v. Trump, el juez Jamal Whitehead, del Distrito Oeste de Washington, delineó un estricto calendario de cumplimiento para reanudar el procesamiento, admisión y reasentamiento de los refugiados que, al 20 de enero de 2025, contaban con planes de viaje confirmados para ingresar a Estados Unidos.
La orden judicial surge como consecuencia de un fallo anterior del Noveno Circuito, que determinó que los refugiados con vuelos programados y verificables a la fecha de asunción de Trump quedaban protegidos por las medidas cautelares.
No obstante, en una audiencia reciente, abogados del Departamento de Justicia intentaron restringir esa protección únicamente a aquellos cuyo viaje estaba previsto en las dos semanas inmediatas al 20 de enero, estimando la cifra en apenas 160 migrantes, interpretación que el juez Whitehead desestimó tajantemente.
El juez calificó esa postura del gobierno como “interpretación tramposa” y denunció que implicaba “un nuevo texto alucinante que simplemente no existe” en los fallos judiciales previos. Según el juez, los aproximadamente 12.000 refugiados con pasajes reservados siguen amparados y deben ser admitidos conforme a la ley.
Un mandato de cumplimiento inmediato
El juez Whitehead no solo ordenó la admisión de los refugiados, sino que también impuso un estricto marco de ejecución que el gobierno de Trump deberá cumplir en plazos específicos:
• En un máximo de 7 días (antes del 12 de mayo), la administración debe instruir a todas las agencias de procesamiento a reanudar sus labores, levantar las suspensiones de contratos con los Centros de Apoyo al Reasentamiento (RSC) y restaurar el acceso a bases de datos críticas como START, FileCloud y el sistema de asistencia RPC.
• En un máximo de 14 días (antes del 19 de mayo), se debe notificar a todos los refugiados protegidos que su proceso de reasentamiento se reactivará, reanudar la cooperación con las agencias de Recepción y Colocación (R&P) y facilitar sus viajes, ya sea mediante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o de forma independiente.
• En un máximo de 21 días (antes del 26 de mayo), la administración debe garantizar la prestación completa de servicios postllegada, como vivienda, transporte, capacitación laboral, asistencia médica y ayuda en efectivo, así como permitir que quienes viajen por su cuenta accedan al sistema de apoyo.
La resolución también exige que la administración Trump presente informes periódicos que documenten el cumplimiento de cada una de estas medidas, resaltando que la obligación de “procesar, admitir y reasentar” a los refugiados afectados debe ser “inmediata” y que también se debe “restaurar la financiación, la información y el apoyo operativo” a los socios del programa estadounidense de admisión de refugiados (USRAP).
Un nuevo freno a la ofensiva antimigrante
La orden del juez Whitehead constituye el segundo revés judicial significativo que enfrenta el gobierno de Trump en menos de una semana respecto a su agenda migratoria radical.
El lunes pasado, un tribunal de apelaciones en Boston también bloqueó temporalmente su intento de anular el programa de ‘parole’ humanitario CHNV, que beneficia a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Desde que asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025, Trump ha impulsado una serie de medidas que endurecen drásticamente la política migratoria estadounidense, incluyendo deportaciones exprés, detenciones irregulares de solicitantes de asilo, traslados a bases como Guantánamo o cárceles en terceros países como El Salvador, y la cancelación de programas humanitarios establecidos bajo el mandato de Joe Biden.
El caso de los refugiados afectados por la prohibición refuerza la creciente percepción entre grupos de derechos humanos, abogados y observadores internacionales de que las nuevas políticas de Trump no solo generan una crisis humanitaria, sino que también chocan repetidamente con el marco legal y constitucional vigente.
La Casa Blanca aún no ha emitido una reacción oficial al fallo, pero se espera que el Departamento de Justicia considere una apelación, aunque los plazos impuestos por el juez Whitehead reducen significativamente el margen de maniobra.
