La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este 30 de junio que la ciudadanía por nacimiento continúa protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al rechazar la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para restringir ese derecho a los hijos de inmigrantes en condición irregular y de personas que permanecen temporalmente en el país.
Con una decisión de seis votos contra tres, el alto tribunal concluyó que los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos desde su nacimiento, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Cinco magistrados fundamentaron su decisión en la Constitución, mientras que el juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado al considerar que la medida presidencial violaba la legislación federal vigente.
La resolución representa un revés para la administración Trump, que había firmado la orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato con el objetivo de modificar el criterio de ciudadanía automática establecido durante más de un siglo de jurisprudencia estadounidense.
La mayoría de la Corte sostuvo que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda debe interpretarse de forma amplia, al garantizar que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen”. En ese sentido, el presidente del tribunal, John Roberts, afirmó que “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”.
Durante el análisis del caso, los magistrados también debatieron el significado histórico de la Declaración de Independencia y su relación con la Constitución. La mayoría consideró que ese documento sentó las bases de la igualdad de derechos y que la Decimocuarta Enmienda amplió ese principio tras la Guerra Civil al reconocer la ciudadanía de manera universal para quienes nacen en territorio estadounidense.
Por el contrario, los jueces disidentes argumentaron que la enmienda fue concebida principalmente para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus descendientes, y sostuvieron que no obliga constitucionalmente a reconocer como ciudadanos a todos los nacidos en el país sin considerar la situación jurídica de sus padres.
El fallo también retomó el precedente establecido en el caso United States v. Wong Kim Ark, resuelto en 1898, mediante el cual la Corte Suprema confirmó que la ciudadanía por nacimiento forma parte del derecho constitucional estadounidense. Para la mayoría, ese precedente continúa plenamente vigente y respalda la decisión adoptada en este caso.
La resolución fue emitida pocos días antes del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y consolida la ciudadanía por nacimiento como un derecho constitucional que solo podría modificarse mediante una reforma a la Constitución o por una futura decisión del propio tribunal.