Una jueza federal de Maryland resolvió este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García, al concluir que el período máximo de 90 días de detención ya expiró y que el Gobierno estadounidense no tiene un plan realista para deportarlo.
La jueza Paula Xinis señaló en su orden que la Administración “hizo una amenaza vacía tras otra de expulsarlo a países de África sin posibilidades reales de éxito” y concluyó que “no hay ‘buenas razones para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.
El caso de Ábrego García se convirtió en un punto central del debate migratorio luego de que fuera deportado por error a El Salvador el año pasado y recluido en la megacárcel del Cecot, pese a que en 2019 un juez migratorio determinó que no podía ser enviado a su país por el riesgo que enfrentaba ante amenazas de pandillas. Tras presión pública y una orden judicial, la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gestionó su regreso en junio, aunque lo hizo tras presentar una acusación por presunto tráfico de personas en Tennessee, cargos de los que se declaró no culpable.
En documentos judiciales, funcionarios indicaron que planeaban deportarlo a Uganda, Eswatini, Ghana o Liberia. Sin embargo, la jueza destacó que el Gobierno “ignoró deliberadamente—y sin ningún motivo—al único país que consistentemente ha ofrecido aceptar a Ábrego García como refugiado, y al que él acepta ir”, en referencia a Costa Rica.
El abogado del salvadoreño, Simon Sandoval-Moshenberg, argumentó que la detención migratoria no puede utilizarse como castigo y que solo es válida para facilitar una deportación efectiva.
“Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación del señor Abrego García a mediados de diciembre, el gobierno ha intentado un truco tras otro para intentar que vuelva a ser detenido”, escribió el defensor, quien agregó que, de existir una intención real de expulsarlo, ya habría sido trasladado a Costa Rica.
Ábrego García, quien vive en Maryland desde hace años, tiene esposa e hijo estadounidenses, aunque ingresó al país de manera irregular cuando era adolescente. La decisión judicial impide, por ahora, que ICE lo mantenga bajo custodia sin un destino de deportación claro y legalmente viable.