El gobierno de Estados Unidos anunció este 5 de marzo nuevas restricciones de visado contra funcionarios extranjeros involucrados en la facilitación de la migración irregular hacia su territorio, con especial énfasis en aquellos que deliberadamente permiten o fomentan el tráfico de personas a través de sus fronteras, aeropuertos y puertos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en un comunicado que la nueva política sancionará a funcionarios de inmigración y aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias, así como cualquier otro funcionario gubernamental que facilite activamente la entrada irregular de extranjeros a Estados Unidos.
“Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente en Estados Unidos”, afirmó Rubio.
Estas restricciones complementan la política “3C” ampliada en 2024, que ya sanciona a actores del sector privado que brindan servicios de transporte y viajes diseñados para la migración ilegal.
Countries along migratory routes must do their part to prevent and deter the transit of illegal aliens. @StateDept has instituted a new visa restriction policy for foreign government officials responsible for facilitating the transit of illegal aliens into the United States.…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 5, 2025
“Estados Unidos no dará marcha atrás en la defensa de sus intereses de seguridad nacional”, advirtió el secretario de Estado.
Régimen de Ortega bajo la lupa
La nueva medida amenaza directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado por Washington y organismos internacionales de haber convertido la migración irregular en un lucrativo negocio estatal desde 2021.
En los últimos años, Nicaragua flexibilizó su política migratoria y exoneró de visados a Cuba, Venezuela, Haití y China, permitiendo la llegada masiva de migrantes que luego se desplazan por Centroamérica rumbo a la frontera sur de Estados Unidos.
Investigaciones periodísticas han documentado cómo la dictadura nicaragüense facilita el tránsito de migrantes irregulares a través de vuelos chárter, permisos exprés y rutas seguras controladas por operadores oficiales y grupos vinculados al régimen.
Según datos oficiales de EEUU, más de 700.000 migrantes han transitado por Nicaragua en los últimos dos años, utilizando el país como un corredor estratégico en su ruta hacia Norteamérica.
Con esta nueva política, Washington busca frenar el uso de Nicaragua como plataforma para redes de tráfico humano, así como presionar al régimen de Ortega-Murillo, cuyas acciones han sido calificadas como una amenaza a la estabilidad regional.
La administración Trump ha advertido que las restricciones de visado se mantendrán hasta que los gobiernos implicados cumplan con las normas internacionales de control migratorio y dejen de colaborar activamente con redes de tráfico de personas.
