Kilmar Abrego García, un salvadoreño de 29 años que residía en Maryland, ha sido repatriado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por presuntamente transportar migrantes indocumentados dentro del país. Su regreso se produce tras una prolongada batalla legal que incluyó su deportación errónea a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de contar con una protección judicial que prohibía su expulsión.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación formal en su contra, señalando su presunta participación en una conspiración que facilitó el traslado de miles de migrantes desde la frontera sur hacia el interior del país. La acusación también menciona que entre los migrantes transportados se encontraban miembros de la pandilla MS-13. Abrego García ha negado estas acusaciones, y su defensa argumenta que las pruebas presentadas por el gobierno son insuficientes.
After months of ignoring our Constitution, it seems the Trump Admin has relented to our demands for compliance with court orders and due process for Kilmar Abrego Garcia.
This has never been about the man—it’s about his constitutional rights & the rights of all.
Full statement: pic.twitter.com/q28RLNEj2S
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 6, 2025
La deportación de Abrego García fue reconocida por la administración Trump como un “error administrativo”.
A pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión debido al riesgo de persecución en El Salvador, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en su país natal. Tras una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno facilitó su regreso para que pudiera enfrentar los cargos en su contra.
As I said in the Oval Office:
1. I would never smuggle a terrorist into the United States.
2. I would never release a gang member onto the streets of El Salvador.That said, we work with the Trump administration, and if they request the return of a gang member to face…
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2025
El caso ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y legisladores, quienes argumentan que la deportación y el tratamiento de Abrego García violaron sus derechos constitucionales. Su defensa continúa luchando por garantizar un juicio justo y el respeto a sus derechos.