La Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto para el líder ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra y en particular por su decisión de deportar a miles de niños ucranianos por la fuerza a territorio ruso, tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
La orden de arresto incluye también a Maria Lvova-Belova, la funcionaria rusa encargada de dirigir el plan para deportar a miles de niños ucranianos a Rusia.
“El Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de la población (niños) y el de la transferencia ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) Los crímenes supuestamente se cometieron en territorio ocupado por Ucrania al menos a partir del 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene la responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no ejercer el control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron”, dice la orden de la Corte Penal Internacional.
En el caso de Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación de Rusia, la Corte señala que “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de la población (niños) y el de la transferencia ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Los crímenes supuestamente se cometieron en territorio ocupado por Ucrania al menos a partir del 24 de febrero de 2022. Hay razones razonables para creer que la Sra. Lvova-Belova asume la responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma)”.
“Es prohibido por la ley internacional para fuerzas de ocupación transferir civiles desde el territorio donde viven a otros territorios, niños tienen especial protección bajo la Convención de Ginebra”, explicó el juez presidente Piotr Hofmański, en una declaración tras el anuncio de la decisión.
Hofmański dijo que las órdenes de detención dependen de la cooperación internacional. En teoría, Putin podría ser arrestado si sale de la Federación Rusa.
Para Rusia, las órdenes “no tienen sentido” incluso desde un “punto de vista legal”, dijo Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
“Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”, dijo Zakharova. “Rusia no coopera con este organismo, y los posibles (pretensiones) de arresto procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulos para nosotros”.
Por su parte, el jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andri Yermak, dijo que la orden de arresto es “solo el principio”.
