Este lunes 23 de febrero se oficializó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá que declaró inconstitucional el contrato firmado entre el Estado y la empresa china CK Hutchison, que concesionaba la operación y administración de los puertos Balboa y Cristóbal.
En la Gaceta Oficial de Panamá apareció hoy publicado el fallo de inconstitucionalidad firmado entre ambas partes en 1997, el cual, fue catalogado por la Corte como “lesivo para los intereses de la colectividad” por contener violaciones al orden público y contradecir la Constitución de la República. CK Hutchison es la propietaria de Panama Ports Company, la empresa que recibió la concesión.
La inconstitucionalidad fue emitida el 29 de enero por interposición de dos demandas presentadas contra el contrato firmado con el conglomerado chino CK Hutchison Holdings Limited, pues una auditoría reveló que Panamá tuvo perdidas de $1,200 millones que no fueron entregados por la empresa.
La auditoría reveló que el Estado también tuvo perdidas fiscales por $349 millones debido a exenciones tributarias. Además, que los diferentes Gobiernos no actualizaron las tarifas cobrados en traslados de contenedores desde 2010, por lo que, se estima una brecha de unos $449 millones.
Luego de la decisión de la Corte, tanto la empresa como el gobierno chino amenazaron a Panamá con “consecuencias severas” en materia política y económica por el fallo, que a su vez calificó de “absurdo y vergonzoso” considera que contiene una violación grave legal.
“El gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para defender a sus empresas frente a cualquier forma de coerción, intimidación económica o infracción” señaló un artículo publicado por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió a las amenazas diciendo que no se dejará amenazar por otros países y aseveró que Panamá es “un país soberano y digno” para tomar sus decisiones. El Gobierno ya anunció que una comisión de transición se encargará del trámite para hacer cumplir el fallo.
Para dar seguridad jurídica a los inversionistas, el Gobierno panameño alista un proyecto de ley que sería presentado ante la Asamblea Nacional. La exmagistrada de la Corte, Graciela Nixon, aseguró que el contrato “siempre estuvo mal” por ser “fruto del árbol envenenado”.