La dictadura de Nicaragua no ha incluido el monto de las remesas en sus reportes oficiales correspondientes al primer trimestre de 2026, pese a que en 2025 estos ingresos representaron más del 25 % del producto interno bruto (PIB), según estimaciones de analistas independientes.
La ausencia de este indicador en las publicaciones del Banco Central de Nicaragua ha generado cuestionamientos entre economistas, quienes consideran que se trata de una omisión deliberada en un contexto donde las remesas constituyen uno de los principales motores de la economía nacional.
Para el economista Enrique Sáenz, excluir este dato responde a un intento de minimizar la dependencia estructural del país respecto al dinero enviado por migrantes.
“Las remesas sostienen el consumo, el comercio y buena parte de la actividad económica, pero reconocerlo debilita el discurso oficial de una economía impulsada por factores internos”, ha señalado en análisis recientes.
En la misma línea, el economista Juan Sebastián Chamorro sostiene que la omisión forma parte de una práctica de opacidad institucional.
A su juicio, el indicador no desaparece, sino que deja de publicarse para evitar evidenciar que una proporción significativa del ingreso nacional depende de la migración forzada y del contexto económico externo.
Narrativa oficial frente a dependencia externa
El silencio sobre las remesas contrasta con el énfasis del BCN en otros indicadores como el crecimiento económico, la baja inflación o el aumento de las exportaciones.
En sus informes, la institución destaca la “estabilidad macroeconómica” y el dinamismo productivo, sin incorporar un componente clave del ingreso de los hogares.
Especialistas advierten que esta omisión también tiene implicaciones políticas.
Reconocer el peso de las remesas implicaría admitir el impacto económico del éxodo masivo de nicaragüenses en los últimos años, así como la vulnerabilidad de la economía ante decisiones migratorias y financieras de países como Estados Unidos, observa Sáenz.
Además, la falta de datos limita la capacidad de análisis independiente y reduce la transparencia de las estadísticas oficiales, un aspecto que organismos internacionales consideran fundamental para evaluar el desempeño económico de un país.
En este contexto, según los economistas, la exclusión de las remesas en los reportes de 2026 no solo plantea dudas sobre la integridad de la información oficial, sino que refuerza la percepción de una economía cuya solidez depende, en gran medida, de ingresos que el propio Estado decide no visibilizar.