La agencia calificadora Moodys anunció este martes que ha subido la calificación crediticia del país de Caa1 a B3 con perspectiva estable, subrayando los esfuerzos del gobierno para mejorar la solvencia soberana y reducir las presiones de la deuda.
Según el comunicado, las operaciones de gestión de pasivos, realizadas durante el último año, no tuvieron un impacto directo sobre la acequibilidad de la deuda, pero fueron efectivas en suavizar las amortizaciones y extender los plazos de vencimiento, lo que ha mejorado el perfil de la deuda externa y reducido el riesgo de reembolso.
Este enfoque busca garantizar una mayor estabilidad fiscal a largo plazo.
Consolidación fiscal y austeridad para 2025
Moody’s también ha diseñado un presupuesto para 2025 con una estrategia de consolidación fiscal que se basa en medidas de austeridad. El presidente Nayib Bukele reaccionó así en las redes sociales al conocer el informe: Hooah!
Hooah! pic.twitter.com/ZwLw232duw
— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 26, 2024
El presupuesto se estructura de acuerdo con una “regla de oro”, en la que todo el gasto corriente se financiará con ingresos corrientes, y solo el 75% de los gastos de inversión se cubrirán mediante deuda. Entre las principales medidas de austeridad se incluye la reducción de la masa salarial pública y recortes significativos en la compra de bienes y servicios.
Parte de los ahorros generados por estas medidas se redirigirán al aumento del gasto en inversiones que impulsarán la actividad económica del país.
Uno de los resultados más destacados es la reducción del déficit del sector público no financiero (SPNF), que en 2023 se ubicó en 2,3% del PIB, el nivel más bajo desde 2007, lo que muestra una clara mejora respecto al 5,5% del PIB registrado en 2021.
El gobierno prevé que el déficit se mantenga en torno al 2,3% del PIB en 2024, aunque algunos proyectos de inversión podrían generar un pequeño aumento en los requerimientos fiscales.
Para 2025, el déficit fiscal podría reducirse aún más, alcanzando el 1,1% del PIB, lo que está por debajo del objetivo de 0,9% establecido por las autoridades.
Reducción de las necesidades de financiamiento y un perfil de deuda más saludable
La consolidación fiscal no sólo ayudará a reducir el déficit, sino que también permitirá una disminución sustancial de las necesidades de financiamiento del país. En 2025, se estima que los requerimientos de financiamiento de El Salvador caerán al 7,5% del PIB, una cifra significativamente menor al 12,9% promedio de los últimos tres años.
Este cambio estructural aliviarará las presiones de liquidez y reducirá la dependencia de nuevos préstamos, lo que fortalecerá la posición fiscal del país.
Perspectiva estable y desafíos por enfrentar
A pesar de los avances en la gestión fiscal y la mejora en el perfil de deuda, la calificación crediticia de El Salvador sigue enfrentando desafíos.
La agencia que evalúa la solvencia del país ha mantenido una perspectiva estable para El Salvador, reconociendo tanto los logros como los riesgos. Entre los factores positivos destacan la mejora en la gestión de la deuda, la diversificación de las fuentes de financiamiento, la mayor transparencia fiscal y las mejores perspectivas de crecimiento económico gracias a la reducción de la violencia.
Sin embargo, persisten retos significativos, como el limitado espacio fiscal, la baja asequibilidad de la deuda y los riesgos sociales y ambientales que siguen afectando al país.
Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza
El Salvador enfrenta una serie de desafíos relacionados con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). La exposición del país a riesgos ambientales es moderada, con un puntaje de E-3, debido a la vulnerabilidad al cambio climático, especialmente en el sector agrícola.
El país está particularmente expuesto a fenómenos como sequías y lluvias extremas, que pueden afectar la productividad agrícola, una actividad clave para la economía nacional.
En cuanto a los riesgos sociales, El Salvador ha logrado importantes avances en la reducción de la violencia, lo que ha permitido una disminución significativa en la tasa de homicidios.
Sin embargo, el país todavía enfrenta problemas relacionados con la falta de vivienda adecuada y la alta informalidad laboral, lo que limita el acceso a servicios básicos para muchos de sus ciudadanos. A pesar de estos desafíos, la mejora en la seguridad pública está comenzando a generar un cambio en las prioridades de la población, que comienza a demandar más servicios sociales como vivienda, salud y educación.
Por último, en términos de gobernanza, El Salvador continúa enfrentando desafíos debido a un gobierno débil, aunque en proceso de mejora, lo que se refleja en un puntaje de G-5 en la evaluación de riesgo gubernamental.
