El eventual retorno de unos 72,000 hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) desde Estados Unidos supondría un desafío para la capacidad de Honduras de generar empleo, garantizar servicios públicos y facilitar su reintegración, advirtió un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).
El documento, titulado Honduras ante el fin del TPS: Riesgos de retorno y prioridades de política pública, recuerda que Estados Unidos incorporó a Honduras al programa en 1999 tras los efectos del huracán Mitch. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció en julio de 2025 la terminación de la designación, mientras que en junio de 2026 la Corte Suprema reafirmó la facultad del Ejecutivo para otorgar, modificar o cancelar este mecanismo migratorio temporal.
FOSDEH sostiene que la situación actual del país debe analizarse más allá de la recuperación posterior al huracán Mitch. El informe señala que 60.1 % de los hogares hondureños estaba en condición de pobreza en 2025, incluyendo un 38.3 % en pobreza extrema y un 21.9 % en pobreza relativa. Además, 29.1 % de los hogares presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha, porcentaje que aumentaba a 38.5 % en las zonas rurales.
El mercado laboral aparece como otro de los principales desafíos ante un eventual retorno masivo. Aunque la tasa de desocupación se ubicó en 4.9 % durante 2025, el informe señala que 33.4 % de la población ocupada estaba subocupada por insuficiencia de ingresos y 8 % por insuficiencia de tiempo. La medición oficial más reciente citada sobre informalidad, correspondiente a noviembre de 2024, estimó que 74.8 % de los ocupados trabajaba en el sector informal.
El impacto también podría trasladarse a las remesas. FOSDEH estima que los beneficiarios hondureños del TPS enviaron alrededor de $310 millones durante 2025, dentro de un rango calculado entre $250 millones y $370 millones. Una reducción de estos recursos podría afectar el consumo y las economías locales, particularmente entre las familias con mayor dependencia de los ingresos provenientes del exterior.
La advertencia adquiere relevancia por el peso que tienen las remesas en la economía hondureña. El documento señala que Honduras recibió $11,904.4 millones en remesas familiares durante 2025, equivalentes al 29.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras la economía registró un crecimiento de 3.8 % ese mismo año.
FOSDEH advierte que un retorno considerable en un período corto podría incrementar la demanda de vivienda, empleo, servicios públicos y programas para población retornada. Por ello, considera necesaria una coordinación entre instituciones estatales, empresas y organismos de cooperación internacional para facilitar la incorporación laboral y económica de quienes regresen al país.
Entre sus recomendaciones, el organismo propone revisar integralmente las condiciones actuales de Honduras, promover una transición migratoria más amplia, proteger la unidad familiar y establecer mecanismos financieros para las familias que pierdan ingresos por remesas.
También plantea reactivar oficinas municipales de atención a retornados y crear un sistema público que monitoree retornos, reinserción laboral, ingresos, remesas, matrícula escolar, acceso a salud, desplazamiento y reincidencia migratoria.
