La nueva legislación contra el lavado de dinero aprobada en Guatemala ha generado dudas entre comerciantes, emprendedores y trabajadores informales.
Especialistas y autoridades coinciden en que la normativa no busca perseguir el uso de efectivo ni imponer nuevas obligaciones tributarias, sino fortalecer los controles contra las estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.
La aprobación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo marca una de las reformas financieras más importantes de los últimos años en Guatemala. El Congreso respaldó la normativa con 147 votos, en un esfuerzo por actualizar el marco legal conforme a estándares internacionales.
Uno de los principales temores surgidos tras su aprobación fue la posibilidad de que las actividades de la economía informal fueran consideradas sospechosas o que el uso de dinero en efectivo pudiera ser restringido. Sin embargo, expertos aseguran que la ley excluye expresamente esa interpretación.
La especialista consultada por el medio guatemalteco Prensa Libre explicó que la normativa está diseñada para detectar patrones asociados al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas, no para sancionar a quienes realizan transacciones legítimas en efectivo o desarrollan actividades económicas informales.
El texto legal también deja claro que no se trata de una ley tributaria. Es decir, no crea nuevos impuestos ni otorga facultades adicionales a la administración fiscal para perseguir a contribuyentes por el simple manejo de efectivo. Su enfoque está dirigido a la trazabilidad de operaciones vinculadas a delitos financieros.
La reforma surge en medio de la presión internacional para que Guatemala fortalezca sus mecanismos de prevención contra el lavado de dinero y evite riesgos como una eventual inclusión en listas de vigilancia financiera internacional.
Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han impulsado la actualización de estas normativas en distintos países.
Entre las novedades de la ley figuran mayores controles sobre beneficiarios finales de empresas, estructuras corporativas, activos virtuales y otros mecanismos que podrían ser utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Las autoridades trabajan ahora en la elaboración de los reglamentos que permitirán su aplicación práctica.