Una escasez de gas licuado de petróleo (GLP) afecta, desde inicios de abril, a varias ciudades de Nicaragua, donde consumidores y pequeños negocios reportan dificultades para adquirir cilindros, en un contexto marcado por tensiones internacionales en el mercado de hidrocarburos y el control estatal del sector energético.
Los reportes se concentran en municipios del centro, norte y sur del país, donde usuarios —principalmente de la empresa Tropigas— denuncian racionamiento y cobros adicionales de entre 10 y 30 córdobas por cilindro, pese a que el precio oficial permanece congelado desde abril de 2022.
En localidades como Camoapa, distribuidores aseguran que los pedidos se han reducido casi a la mitad, lo que obliga a los consumidores a recorrer varias agencias para conseguir gas, indispensable para la mayoría de hogares nicaragüenses y para negocios como comedores y restaurantes.
Managua sin problemas
Aunque algunos puntos de Managua y del norte del país reportan abastecimiento normal, la falta de una explicación oficial ha incrementado la incertidumbre en torno al suministro.
Nicaragua depende completamente de la importación de GLP, una mezcla de propano y butano, cuya factura alcanzó 83,9 millones de dólares en 2024, según el Banco Central.
El mercado está dominado por empresas privadas y por la estatal Enigas, que amplía su capacidad de almacenamiento con financiamiento chino.
Lea además: Congreso aprueba subsidio a combustibles para contener alza de precios en Guatemala
Efectos de la guerra
Analistas señalan que el congelamiento de precios, aplicado cuando el petróleo superaba los 120 dólares por barril, ha generado ingresos extraordinarios al Estado superiores a 300 millones de dólares, sin que se reflejen en una reducción al consumidor.
La actual coyuntura coincide con la volatilidad del crudo por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que elevó temporalmente los precios internacionales.
Aunque el barril ronda hoy los 90 dólares, en Nicaragua los precios siguen fijos, lo que, sumado a la falta de transparencia en el manejo del negocio de hidrocarburos, alimenta dudas sobre la sostenibilidad del abastecimiento.