La filial de CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), acusó al Gobierno panameño de incumplimiento en el arbitraje internacional luego que fuera declarado inconstitucional el contrato que le cedía las operaciones en los puertos Balboa y Cristóbal.
A través de un comunicado, la PPC señaló al Gobierno de no presentar la respuesta debida en el proceso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El Gobierno panameño tenía hasta el pasado viernes para presentar sus alegatos.
El Estado panameño habría solicitado ante la Corte una extensión del plazo para responder porque argumentó falta de preparación y ausencia de representación legal en el proceso.
En ese sentido, la empresa china aseguró que la inconstitucionalidad del contratado es un “incumplimiento al Estado de derecho” y un trato desfavorable a inversores extranjeros. El proceso de inconstitucionalidad inició cuando una auditoría reveló $349 millones en pérdidas fiscales por exenciones tributarias.
Además, la Contraloría encontró que de los $1,337 millones que debía recibir el Estado por concesiones, solo ingresaron $483 millones. Sin embargo, la empresa china insiste en acusar al Gobierno de “ocupar y confiscar sus instalaciones”, lo que, habría traído complicaciones portuarias y a proveedores.
Hace un mes, la Fiscalía panameña allanó tres oficinas de la empresa PPC por indicios de cometimiento de ilícitos. En el procedimiento decomisaron documentos. Al respecto, la empresa señaló que se le informó que debían gestionar la devolución de los documentos por medio del arbitraje, por lo que ve el retraso en el proceso como una estrategia.
En general, la empresa aseguró que estas acciones del Gobierno “constituyen violaciones a contratos, leyes y normas internacionales” que presuntamente les ha traído daños en operaciones y sus inversionistas. El Gobierno chino ha amenazado a Panamá con “consecuencias severas” por dar marcha atrás a un contrato que estuvo vigente por 29 años.