El gobierno salvadoreño compra a diario un bitcoin. Sin embargo, estas operaciones serán limitadas una vez se aplique un programa de asistencia financiera por hasta $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un revés a la política insignia de la Administración Bukele.
La Oficina de Bitcoin, creada bajo la tutela de la Presidencia de la República de El Salvador, reporta que a la fecha la reserva de criptomoneda alcanza los 6,075.18.
Según los registros, la agencia compra un bitcoin cada día, tal como se comprometió en noviembre de 2022 el presidente Nayib Bukele en su afán de introducir el activo en la economía salvadoreña.
Guess who stacked another 1 BTC today?
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— The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) February 11, 2025
Pero una vez esté en marcha el acuerdo con el FMI, “las compras de bitcoin se limitarán al programa según lo acordado”, afirmó el 6 de febrero Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, en conferencia con prensa internacional.
Después de casi cuatro años de negociaciones, el FMI y el gobierno salvadoreño llegaron en diciembre de 2024 a un acuerdo técnico para un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), sujeto a aprobación del Directorio Ejecutivo a expensas de compromisos previos asumidos por El Salvador de reformar la polémica Ley Bitcoin.
“El nuevo programa respaldado por el Fondo tiene como objetivo reducir los riesgos potenciales del proyecto bitcoin”, zanjó Kozack.
Desde la adopción de la criptomoneda, en septiembre de 2021, el FMI expresó que el bitcoin representaba riesgos a la economía salvadoreña y recomendó derogar la categoría de uso legal, tal cual quedó establecida en la ley inicialmente. Esto generó discrepancias con el presidente Bukele, que acusó al Fondo de interferir en las políticas internas y fue básicamente la piedra en el zapato para que las negociaciones no avanzaran.
Finalmente, el 29 de enero de 2025 la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó un paquete de reformas para volver al bitcoin de “aceptación voluntaria”, cuyo uso queda limitado solo para el sector privado y personas naturales. Además, se eliminó la opción de pagar obligaciones tributarias y quedó establecido que el gobierno pagará la deuda en la moneda en que fue contraída.
El acuerdo con el FMI contempla además un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante tres años para regresar la deuda pública a una senda sostenible. Esto implicará medidas tanto para aumentar los ingresos como reducir los gastos del Estado, aunque el gobierno sostiene que no subirá impuestos.
Por el momento, el gobierno ha realizado agresivas reformas para limpiar la grasa salarial del sector público y aumentó las multas de tránsito de $50 las leves, $100 las graves y $150 las muy graves.
