El reporte de operaciones sospechosas (ROS) en instituciones financieras que estuvieron bajo supervisión en Costa Rica pasaron el techo de los $331 millones en el año 2022, de acuerdo con información compartida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este fue incluido en el informe referido a la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR), el cual es suministrado por el Gobierno de Estados Unidos y que se presenta en el Congreso. En este se hace un análisis de 81 países en temáticas específicas como el narcotráfico, incluido el control de químicos para fines ilícitos, y lavado de dinero.
La información destaca la legitimación de capitales en cada una de las naciones, en el que Costa Rica es uno de los países incluidos que figura entre las “principales jurisdicciones de lavado de dinero en 2022”.
Estados Unidos también mostró preocupación por 7 industrias en Costa Rica, las cuales les vincula al lavado de dinero y sugiere poner vigilancia sobre estas. “Industrias que incluyen construcción, bienes raíces, venta de vehículos, cambio de moneda y los hoteles siguen siendo vulnerables al lavado de dinero (…). Las empresas legalizadas de juegos de azar y apuestas deportivas tienen grandes operaciones en Costa Rica y son un gran preocupación por el lavado de dinero”, detalla el informe”.
Además, “el narcotráfico continuó siendo una fuente importante de lavado de activos en Costa Rica en 2022”. La nación tica, dice, “ha sido el principal punto de transbordo de la cocaína andina con destino a Estados Unidos y Europa desde 2012”.
“Costa Rica está trabajando con un consultor en un análisis de riesgo ALD (antilavado de dinero) actualizado. La UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) recibió 556 ROS por más de $331 millones entre enero y septiembre de 2022 y reportó 214 de ellos (por un total de $204 millones) a las autoridades judiciales” describe el informe.
De acuerdo con el reporte, el monto supera el de 2021, justo cuando se compartieron los informes de Transacciones Sospechosas (STR por sus siglas en inglés) por $262 millones.
Pasos lentos en el Ministerio Público
A pesar del monto elevado identificado, el país norteamericano considera que los juicios por los casos referidos al blanqueo de dinero, dado que el Ministerio Público “ha sido lento en la realización de investigaciones”.
Sumado a eso, las críticas llegan también por la nula existencia de una ley de extinción de dominio independiente, a pesar que son reconocidos que establecen una normativa que regula el capital emergente “por medio de una acción administrativa no penal”, que a través del gobierno se puede incautar y confiscar.
Los norteamericanos apuntan a que la Fiscalía de Costa Rica inició 37 procesos administrativos de “capital emergente”, con la idea de confiscar más de $8 millones en efectivo, bienes inmuebles y vehículos.
Por dinámicas implementadas que están relacionadas con esos delitos, se lograron 8 sentencias en esos procesos, en lo que se indagó el origen ilegítimo de $129.000.
A pesar de que se han identificado violaciones a las regulaciones sobre lo referido, se conocieron de acciones judiciales “abordando recomendaciones y demostrando su compromiso para enfrentar el desafío cada vez mavor que representa el lavado de dinero” a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
“Costa Rica emplea pautas de diligencia debida del cliente, reglas de informes, transacciones sospechosas (STR), provisiones y requisitos de supervisión que cubren tanto las finanzas tradicionales de instituciones, así como empresas y profesiones no financieras designadas en una ley de fraude fiscal (Ley 9.416) que prevé la divulgación de los beneficiarios finales”, reza el análisis.
Asimismo han identificado que en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de ley que pretende aumentar las penas de prisión por lavado de dinero que se eleva a más de cuatro años, pero suprime el requisito que el cargo principal debe ser un delito mayor”.
La misma fue aprobada por los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea el 7 de abril del 2022, sin embargo, esta aún no ha sido sometida a votación para regir como nueva legislación.
De igual forma que en otros años, en su informe también incluyen delitos ambientales, la tala de árboles, minería, y el tráfico de vida silvestre, entendidas como fuentes para lavar dinero.
