Varios países de Centroamérica podrían enfrentar nuevos aranceles para exportar productos a Estados Unidos como parte de una propuesta impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que busca reforzar las medidas contra bienes vinculados al trabajo forzoso.
La iniciativa surge tras una serie de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. El organismo concluyó que 60 economías evaluadas presentan deficiencias en la prohibición o fiscalización efectiva de productos elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso, por lo que propuso aplicar aranceles adicionales de 10 % o 12.5 %.
Dentro de Centroamérica, Guatemala y El Salvador aparecen en el grupo que recibiría el gravamen más bajo, equivalente al 10 %. Según la USTR, estos países cuentan con mecanismos parciales o compromisos relacionados con la prohibición de importaciones asociadas al trabajo forzoso.
Por otra parte, Costa Rica, Honduras y Nicaragua figuran en el grupo de economías que enfrentarían un arancel adicional de 12.5 %, junto con países como Colombia, Brasil, República Dominicana, China, India, Japón y Corea del Sur.
Aunque la propuesta podría generar preocupación en los sectores exportadores de la región, la USTR incluyó excepciones importantes para determinados productos centroamericanos, especialmente en la industria textil y de confección.
El organismo estadounidense planteó excluir ciertos artículos textiles y prendas de vestir que ingresan libres de aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Esta disposición beneficiaría a exportadores de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Además, Washington analiza implementar un mecanismo especial para el sector textil que permitiría aplicar tasas reducidas a determinadas importaciones dependiendo de las compras de algodón, textiles y otros insumos estadounidenses realizadas por los países participantes.
La propuesta aún no ha sido aprobada y se encuentra en fase de consulta pública. Durante este período, empresas, cámaras empresariales, exportadores y asociaciones comerciales podrán presentar comentarios sobre el posible impacto económico de la medida.
Para las economías centroamericanas, la iniciativa cobra relevancia debido a la fuerte dependencia comercial que mantienen con Estados Unidos, principal mercado para productos como textiles, prendas de vestir, manufacturas, productos agrícolas y alimentos procesados.
La USTR fijó como fecha límite el 6 de julio de 2026 para la recepción de observaciones escritas. Posteriormente, el 7 de julio iniciarán las audiencias públicas en las que se discutirán los posibles efectos de los nuevos aranceles y las excepciones planteadas.